El legislador misionero, ex PRO y actual Diputado por su propio partido, planteó que el subsidio es “innecesario” porque Santa Cruz “ya ha terminado las obras de interconexión”, algo falaz si se entiende que la Provincia aún está en proceso de vincular la zona sur.
Respecto a esto, Prensa Libre se comunicó ayer con el diputado oficialista, Mario Metaza, quien se mostró rotundamente en contra de la iniciativa, aunque dijo no estar muy al tanto de la existencia del proyecto.
El subsidio, más conocido como ‘6 x 1000’, planteaba una ingeniería solidaria entre todos quienes abonaban por su servicio de energía eléctrica, generando así un fondo con el cual Santa Cruz debía llevar a cabo la interconexión. Wipplinger quiere que ahora, con la misma lógica, la Nación derive esos fondos para la concreción de la obra que le permitirá a la región mesopotámica tener el  servicio de gas natural.
Para fundamentar su iniciativa parlamentaria, el Diputado explicó que “este subsidio fue creado hace más de 20 años porque Santa Cruz no estaba ligada a la interconexión eléctrica, y se suponía que este subsidio iba a desaparecer cuando se lograra la interconexión. En 2001 esto se logró, pero por un decreto se prorrogó que el beneficio siga yendo a pesar de ser una Provincia con regalías petroleras, con salarios promedios de los más altos del país y pocos habitantes”.
 En la actualidad, y como sucede con el resto del país, cualquier ciudadano misionero que paga su factura por electricidad se encuentra con un ítem referido a la Ley 23681, en la cual se estipula que el 0,06% va a parar al beneficio santacruceño.
“No es justo que se esté pagando un subsidio a quien realmente no lo necesita. Buscamos equilibrar estos desfasajes; aunque la suma sea ínfima, es injusto que se pague algo que no corresponde”, acotó luego el legislador.
Asimismo, aseguró que no se trata de generar una disputa, sino que “Santa Cruz tiene uno de los sueldos más elevados del país mientras que aquí, con uno de los sueldos más bajos, se continúa pagando un subsidio para una Provincia que no lo necesita”, y agregó: “Buscamos corregir un error, que todos los misioneros y ciudadanos de otras provincias afectadas sigan aportando sin tener en cuenta los recursos de esas familias. Pero ya que ese canon está presente, que se beneficie a todos los ciudadanos de la provincia con el no pago, y que se destine a un fondo compensatorio para redistribuirlo de mejor manera o a tener un ahorro para avanzar con el gasoducto”, remarcó, y agregó: “Este beneficio iría cayendo a medida que las provincias vayan siendo interconectadas al gasoducto”.
En junio de 1989, el Congreso Nacional aprueba la Ley 25.064 y luego prorrogada por decreto 1378/01, en el cual se establece un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del seis por mil de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país, aplicadas a los consumidores finales con la excepción de aquellos eximidos de tributar los gravámenes sobre la energía creados por las leyes 15.336, 15.574 y 19.287. La aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Secretaría de Energía.
En el artículo 3º de la norma se fija que el producto total del recargo fijado, se destinará a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que sean servidos directamente por la mencionada empresa, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país.
Sin embargo, no todos los reclamos corresponden a figuras exógenas de la política provincial, ya que en la jornada de ayer el senador Alfredo Martínez dio a conocer mediante un comunicado de prensa que solicitará que se informe sobre el destino de fondos del 6 por mil 
Esto fue porque, entre las aseveraciones del legislador misionero, se dejó entrever que los fondos no estarían siendo remitidos en su totalidad a la Provincia, sino que se estarían quedando mayoritariamente en las arcas nacionales.
De hecho, Wipplinger reveló que Santa Cruz sólo recibe 36 millones de pesos de 106 que se recauda del canon para la construcción del Interconectado Sur, lo que llevo a Martínez a anunciar que demandará a la Nación que se informe sobre el destino de los fondos del conocido gravamen. 
“El 6 por mil tenía como objetivo claro y concreto mantener una tarifa racional para los habitantes de la provincia, pero habitualmente esto no ocurre. Otro de los fines era reunir fondos para la construcción del interconectado, pero ahora nos encontramos que los mismos se los queda la Nación con la excusa de un excedente. Ante ello deberemos solicitar, como referentes de la oposición, que se nos informe sobre el destino de los fondos que abonan millones de argentinos”, dijo Martínez.
En este sentido, el Senador de la UCR recordó que en el ámbito nacional “nos peleamos en varias oportunidades con representantes de otras provincias, para que no nos quitaran este canon que nos subsidiaría la conexión al interconectado. Por ello, no podemos permitir que los fondos se los quede la Nación y no se cumpla con el fin para el cual se recauda este aporte de todos los argentinos para integrar a nuestra Provincia al crecimiento, ya que sin energía no podremos avanzar en la industrialización”, consideró Martínez.
El presidente del Comité Río Gallegos de la UCR remarcó que “en teoría no se puede cambiar el objetivo que tienen los fondos, pero ante las dudas ya habían solicitado a la empresa Servicios Públicos informes con respecto a la inversiones que se realizaron en la provincia con el dinero del 6 por mil. Ahora vamos hacerlo con entes nacionales, a pesar de que las obras del interconectado están en marcha, más allá de la demora en su concreción”, sostuvo.