Dicha ley ordenaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación de las tierras ocupadas por estas comunidades. El INAI puso de manifiesto que sólo se aprobaron seis proyectos provinciales de relevamiento territorial, y únicamente Salta y Santiago del Estero estaban en condiciones de recibir fondos destinados al mencionado relevamiento. Hasta el 2008 ninguna provincia había comenzado la ejecución de lo ordenado por la Ley 26.160.

Los dichos de Martínez
El senador por la provincia de Santa Cruz, Alfredo “Freddy” Martínez, manifestó: “el incumplimiento de lo dispuesto por la ley tiene como revés los trágicos acontecimientos acaecidos en Tartagal, donde un aluvión de agua, barro y troncos avanzó sobre la ciudad afectando seriamente a los barrios más humildes; el alud  arrastró y destruyó cientos de hogares, puentes y construcciones. Alrededor de mil familias fueron evacuadas y más de mil viviendas devastadas”.

El problema del desmonte
En otro tramo de sus declaraciones, el legislador santacruceño dijo que “la causa principal del alud es el desmonte desmedido de los bosques nativos que provoca la obturación de los ríos naturales con sedimentos, y aumenta la magnitud de aludes y crecidas.” Y luego aclaró “si nos remontamos a los datos históricos podemos ver que, entre fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina tenía un 30% de su territorio cubierto por bosques (unas 100.000.000 de hs). En la actualidad sólo quedan 31.443.873 hectáreas de bosques nativos en la Argentina, es decir menos del 10% de la superficie continental. Esto produce múltiples consecuencias como la pérdida de fertilidad del suelo, aludes y torrentes, degradación de los suelos por los factores climáticos y por las mismas labores agrícolas. Entre las consecuencias sociales no puede dejar de mencionarse la pobreza en zonas rurales y los vacíos territoriales por migración”.

Los resultados de la audiencia
A su vez, el Senador radical dijo: “La audiencia de la Corte Suprema de Justicia, del día 18 de febrero de este año,  confirmó que los estudios de impacto ambiental previo a los permisos de desmonte, no tuvieron en cuenta a las comunidades originarias, y las audiencias públicas no otorgaron efectivo acceso a los pobladores. Hecho que afecta en forma directa los Derechos y Garantías Constitucionales.”

El espíritu del proyecto
Por último,  Alfredo Martínez manifestó: “Este proyecto busca impulsar las demandas incumplidas por el Gobierno Nacional para la correcta protección y reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades. Es necesario otorgar una extensión de la emergencia en materia de posesión y propiedad  ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, hasta que se cumpla con el relevamiento técnico jurídico catastral dominial de las tierras, a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y dispuesto por la Ley 26.160. Debemos entender que lo ordenado por dicha ley forma parte esencial del mandato constitucional del artículo 75º inciso 17º de nuestra Constitución, consagrado a saldar la deuda histórica que el Estado argentino mantiene con sus pueblos originarios, reparación que no puede ser desvinculada de la devolución de las tierras tradicionalmente ocupadas por esos pueblos”.