Las presiones de los sectores sindicales, principalmente aquellos vinculados con el Estado Provincial atento la función de producción imperante en Santa Cruz, se van haciendo cada vez más profundas y significativas. Todo hace pensar que este escenario se potenciará aún más en el corto plazo.
Si bien el Gobierno Provincial había presupuestado un incremento salarial para los empleados públicos comprendidos en la Ley 591, a estas alturas ‘las sinergias’ que se vienen registrando entre los sectores de la docencia, la Administración Pública, la Justicia y los vinculados a la Salud Pública, todo hace esperar un año muy cargado de conflictos gremiales, si bien los tres primeros meses no fueron demasiado conflictivos, es de esperar que el escenario cambiará negativamente a partir de abril-mayo, cuando el Gobierno Provincial haya develado su política salarial para el presente año.
Es que el poder de compra salarial se deterioró de forma importante. En una columna de la semana anterior este columnista mencionó lo agradecidas que debían estar las autoridades provinciales y municipales por ‘la conexión Punta Arenas’, visto que de no existir ésta, los residentes locales se hubieran visto en figurillas para ‘darse algún gustito’.  Existen también diferencias de precios en otros bienes como indumentaria, algunos artículos suntuarios y de marcas reconocidas, así como en juguetería; todo esto hace pensar que si la Zona Franca de Punta Arenas se hubiera eliminado, una buena cantidad de hogares tanto locales como del centro sur de la provincia de Santa Cruz, hubieran sufrido importantes consecuencias.

La recaudación y el gasto
El cambio de funcionarios en el área del Ministerio de Economía y Obras Publicas de Santa Cruz traerá una renovación de la gestión, aunque se trata de funcionarios con experiencia en el área, esto seguramente tendrá una especial atención en la marcha de la recaudación provincial, que provee importantes recursos al Tesoro Provincial. Está claro que el gasto no podrá crecer por encima de la recaudación, ya que si fuera así debería crecer el endeudamiento del Estado Provincial, aspecto que sería terriblemente irresponsable. Tanto la recaudación nacional como la provincial serán fundamentales como para definir y enmarcar la política salarial del Gobierno Provincial, en este sentido, si bien al parecer  la pauta inflacionaria nacional (considerando las distintas fuentes)  se situará en alrededor de un 20%, muy probablemente los ajustes salariales del personal dependiente del Estado Nacional se ubiquen entre un 20 – 25%, visto que se espera un incremento de la recaudación por impuestos nacionales que estará ubicada en un 25% promedio.
Una vez despejada la duda del incremento de la recaudación nacional el Gobierno Provincial podrá elaborar alguna propuesta de incremento, aunque no lo podrá hacer antes porque las previsiones económicas pueden no cumplirse. En el caso que la tasa de inflación se generalice y acelere, será un límite al crecimiento de los salarios en términos reales, y traerá conflictos gremiales importantes.
Las provincias necesitan la coparticipación impositiva y su variación, como un dato para conocer en cuánto pueden modificar el gasto agregado, y en especial el gasto salarial. La provincia de Corrientes ya se menciona como uno de los casos emblemáticos de un fuerte aumento en el endeudamiento durante el 2010, también se menciona reducción de gastos en general, pero también  reducciones en la erogación salarial, visto que los estados provinciales son precisamente las jurisdicciones más salario-intensivas. Es evidente que se  darán otros casos, en los cuales los descuentos aplicados a la coparticipación por los adelantos  transitorios otorgados oportunamente se hagan efectivos y el flujo consiguiente de recursos hacia las provincias se reduzca de forma importante.
La solicitud de incrementos salariales por parte de distintos gremios por importantes magnitudes, presagian un futuro difícil para que el Estado Provincial pueda satisfacer esos requerimientos, porque además existen numerosos sectores en crisis: como ser el petróleo, extracción y exploración; la pesca y sus actividades vinculadas; la ganadería y la industria frigorífica, aunque todavía se sostienen algunas obras de infraestructura, con evolución algo lenta y atrasos. Después de esto, el resto de la función de producción depende del  ESTADO, y eso significa Gasto Público.

El Estado que molesta … El Estado que NO gestiona….
El haber creado un Estado tan grande, hoy presenta numerosos inconvenientes y limitantes estructurales a la política pública. Aún el Poder Ejecutivo Provincial no propuso reforma alguna en el sistema previsional provincial, deja esa iniciativa a miembros del directorio afines al pensamiento del Gobierno Provincial que comienzan a ‘esbozar’ algunas propuestas, pero en rigor de verdad falta mucho trecho por recorrer, tanto más cuando se acerque la fecha de las elecciones a llevarse a cabo el año venidero.
Este columnista, que tuvo como invitado en diciembre pasado al gobernador Peralta, lo interrogó acerca de la capacidad de gestión del Gobierno Provincial, de la falta de acompañamiento que –a juicio de la ciudadanía- tenía el propio primer mandatario provincial, en este aspecto Daniel Peralta precisó que se iban a promover cuadros de gestión dentro del propio Gobierno, y que eran funcionarios con la madurez suficiente como para aumentar en responsabilidades de gobierno. Estas palabras aún no tuvieron un eficaz cumplimiento, y muchos sectores aún siguen pensando que es preciso aumentar la capacidad de gestión, que debe abandonarse la política del “piloto automático” y que los cargos deben cubrirse cuanto antes. Cada vez que este aspecto se menciona,  también se plantea una fuerte interna en el Partido Justicialista, pero antes de seguir avanzando será necesario definir un cierto background con el cual debe contar el Poder Ejecutivo.
Esta situación no se evidencia tan claramente,  porque la oposición política en Santa Cruz menciona aspectos y críticas únicamente en el sentido declarativo, y en algunos casos tan sólo de denuncia (una modalidad extensamente difundida en Argentina). Muy distinto sería el panorama si la oposición presentara un programa alternativo ante cada problemática específica, que en algún momento tendrá que mostrar si se piensa a sí misma como alternativa de gobierno. Un partido (o coalición) opositora con una propuesta clara y concreta obligaría al Gobierno a ser mucho más preciso en su gestión gubernamental, y a generar respuestas coherentes para cada problemática. Aún la ciudadanía espera que el actual diputado nacional Eduardo Costa muestre y ponga a trabajar a su equipo de asesores, que mencionó como ‘vital’ para  ganar las elecciones del año pasado. Sería importantísimo para Santa Cruz su concurso y atención para la solución de los problemas que hoy aquejan a los ciudadanos.